La inestabilidad política en Perú no da tregua. Este martes 17 de febrero de 2026, el Pleno del Congreso aprobó la destitución del presidente interino, el derechista José Jerí, tras apenas 120 días de haber asumido el encargo. La decisión se tomó con una mayoría de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, sumiendo nuevamente a la nación andina en una crisis de gobernabilidad a menos de ocho semanas de las próximas elecciones generales.
Las causas del cese: reuniones y contratos
La caída de Jerí no fue gratuita. El Legislativo resolvió su salida debido a una serie de investigaciones abiertas por corrupción y tráfico de influencias. Entre los señalamientos más graves figuran reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son actuales contratistas del Estado Peruano.
Asimismo, el mandatario enfrentaba cuestionamientos por presuntas irregularidades en la contratación de diversas funcionarias, quienes, de acuerdo con los registros oficiales, sostuvieron encuentros privados con él en el Palacio de Gobierno antes de recibir sus nombramientos.
Un efecto dominó en el poder
Hay que recordar que José Jerí llegó al poder de rebote. Ejercía la presidencia de manera interina por su cargo como Presidente del Congreso, luego de que la exmandataria Dina Boluarte fuera destituida en octubre de 2025. Al ser censurado y perder la cabeza del Parlamento, la ley peruana dicta que pierde automáticamente su condición de Jefe de Estado encargado.
Este evento representa el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década, una racha de turbulencia que comenzó tras los comicios de 2016 y que ha visto desfilar a figuras como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la mencionada Boluarte.
Lo que sigue para Perú
Con las urnas a la vuelta de la esquina, el Congreso deberá designar a un nuevo titular de la Mesa Directiva que, por sucesión constitucional, tome las riendas del país para entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio. Mientras tanto, las instituciones peruanas operan bajo una vigilancia extrema de la comunidad internacional ante el riesgo de un vacío de poder.
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