La disputa entre Perú y México volvió a encenderse este miércoles en la OEA, donde el gobierno peruano pidió reinterpretar el derecho de asilo diplomático tras el caso de Betssy Chávez, ex primera ministra reclamada por la justicia peruana y actualmente refugiada en la embajada mexicana en Lima. La crisis entre ambos países ya provocó el rompimiento total de relaciones diplomáticas.
El canciller peruano Hugo de Zela sostuvo que el sistema actual para conceder asilo, basado en la Convención de Caracas de 1954, necesita modificaciones para evitar decisiones “subjetivas”. Perú exige que, al analizar solicitudes de asilo, se evalúe de forma objetiva la naturaleza de los delitos, con información tanto del país que pide la detención como de otras fuentes verificables.
El caso de Chávez, implicada en el presunto intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, es uno de los más tensos para Lima. De Zela argumentó que la posibilidad de cooperación judicial para lograr su extradición es “remota”, tomando en cuenta el deterioro de la relación bilateral con México.
México respondió con firmeza. La embajadora Luz Elena Baños Rivas afirmó que la OEA no es competente para modificar un tratado internacional y que cualquier cambio a la Convención solo puede hacerse con el consentimiento de todos los Estados parte. Recordó que varios países presentes ni siquiera han firmado la Convención, como Estados Unidos y Colombia, y que Venezuela, país firmante, no participa actualmente en el organismo.
La Convención de Caracas fue clave durante la Guerra Fría para proteger a perseguidos políticos, pero su aplicación ha generado fricciones crecientes en América Latina. El artículo 9 señala que el funcionario que recibe la solicitud debe considerar la información proporcionada por el país territorial, pero deja margen para la interpretación diplomática.
La historia reciente confirma el calibre de estos conflictos. Uno de los casos más fuertes fue el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, capturado en abril de 2024 tras una incursión policial en la embajada de México en Quito, lo que terminó con la ruptura de relaciones entre Ecuador y México. Y más recientemente, seis opositores venezolanos permanecieron más de 14 meses dentro de la embajada argentina en Caracas, hasta su salida en mayo de 2025.
El choque actual entre Perú y México vuelve a plantear la pregunta de fondo: ¿debe redefinirse el derecho de asilo en la región o es un riesgo abrir la puerta a reinterpretaciones? De momento, el asunto se trasladará al Comité Jurídico Interamericano (CJI), que tendrá que emitir un criterio técnico sobre la postura peruana.
Mientras tanto, Betssy Chávez sigue bajo protección diplomática mexicana y Perú insiste en que el asilo fue concedido por “consideraciones ideológicas”, lo que mantiene la disputa en uno de sus puntos más tensos en años.
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